El anuncio de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de suspender un plan para cobrar a los automovilistas que ingresen a Manhattan ha causado revuelo. Este plan, que llevaba años en desarrollo y finalmente estaba listo para implementarse a finales de este mes, ha sido detenido debido a las presiones financieras que enfrentan los neoyorquinos de clase trabajadora.
La gobernadora argumentó que la inflación y las dificultades económicas de la población eran razones suficientes para no implementar la tarificación por congestión. Sin embargo, la iniciativa se estaba convirtiendo en un problema político de cara a las elecciones al Congreso de este año.
El nuevo sistema de tarifas estaba programado para comenzar el 30 de junio y habría sido el primero de su tipo en los Estados Unidos. Se esperaba recaudar mil millones de dólares al año para modernizar un sistema de transporte público de más de 100 años que ha sido afectado por episodios de fuertes lluvias e inundaciones severas. El dinero estaba destinado a financiar la actualización de las señales del metro para reducir los retrasos en los trenes, la adquisición de nuevos autobuses eléctricos y la extensión del metro de la Segunda Avenida hasta Harlem.
La decisión de posponer la implementación ha generado sorpresa entre los defensores del plan de tarificación por congestión, quienes ven en esta acción un obstáculo para la mejora del tránsito y la calidad de vida de los neoyorquinos.
La gobernadora Hochul ha optado por reemplazar el plan de tarifas con un impuesto a las empresas de la ciudad de Nueva York, en un intento por aliviar la carga financiera de los residentes. Esta medida ha sido duramente criticada por algunos representantes políticos, tanto demócratas como republicanos, quienes consideran que la gobernadora está tomando decisiones con motivaciones puramente electorales.
En resumen, la suspensión del plan de tarifas por congestión en Manhattan ha generado controversia y confrontación entre diferentes sectores políticos y económicos de la ciudad de Nueva York. La decisión de la gobernadora Hochul de detener la implementación ha sido recibida de manera desfavorable por algunos, quienes creen que esta medida afectará negativamente a la infraestructura de transporte y al desarrollo económico de la región.
