En la contienda presidencial, Kamala Harris y Donald Trump encontraron un punto de acuerdo al proponer eliminar los impuestos sobre propinas. Para los trabajadores de restaurantes, guías turísticos, masajistas y cualquier otra persona que reciba propinas, los beneficios de esta política son obvios. Menos impuestos significa más dinero en sus bolsillos. Sin embargo, para todos los demás, esta propuesta bipartidista viene con varios problemas: menos dinero en el Tesoro, un código tributario inequitativo y aún más incentivos para que las personas manipulen el sistema.
Tanto las versiones de la propuesta de Trump como de Harris han carecido de detalles, según expertos. Esta propuesta costaría entre $100 mil millones y $250 mil millones en 10 años, estima el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.
Incluso dejando de lado el costo, la propuesta representaría un cambio total en cómo se les paga a los empleados que reciben propinas y cómo opera el sistema tributario de EE. UU. Los trabajadores que ganan la misma cantidad de dinero pagarían diferentes niveles de impuestos. Si esta política se convirtiera en ley, millones de trabajadores tendrían incentivos para renunciar a salarios o pagos por hora para reducir sus impuestos sobre la renta y los propietarios de negocios probablemente estarían encantados de cumplir para reducir sus propias obligaciones fiscales.
Esta situación plantea una de las cuestiones más controvertidas de la vida cívica: la equidad. ¿Por qué se señala a los trabajadores de restaurantes? ¿Por qué las personas que no ganan propinas reciben el mismo trato?
Hay dos principios que hacen que un sistema de impuestos sobre la renta sea efectivo y justo, según Keith Hall, economista laboral de George Mason University. Uno, que las personas que ganan más dinero paguen más impuestos, y dos, que las personas que ganan la misma cantidad de dinero paguen lo mismo en impuestos. «No es tanto un problema económico, es una cuestión de equidad», dijo Hall.
A pesar de las posibles lagunas, algunos dueños de negocios apoyan la propuesta pero se preocupan de posibles abusos del sistema, afirmando que la responsabilidad recae en las partes interesadas para asegurarse de que no se manipule el sistema para pagar menos impuestos.
