Recientemente, se ha denunciado que el régimen de Biden está lanzando un esquema para promulgar una efectiva prohibición de las ventas privadas de armas de fuego antes de las elecciones presidenciales de 2024. Si tiene éxito, este sería uno de los mayores atentados a la Segunda Enmienda en la historia estadounidense.
Según el presidente de Empower Oversight, Tristan Leavitt, la ATF, a instancias de la Casa Blanca de Biden, ha redactado un documento de 1,300 páginas para justificar una norma que «efectivamente» prohibiría la venta de todas las armas de fuego privadas.
El 14 de marzo de 2023, Joe Biden emitió una orden ejecutiva para «aclarar la definición de quién está involucrado en el negocio de la venta de armas de fuego, y por lo tanto tiene que ser licenciatario federal de armas de fuego (FFLs), para aumentar el cumplimiento con el requisito de verificación de antecedentes federales para la venta de armas de fuego». El propósito era llevar a Estados Unidos lo más cerca posible de la verificación universal de antecedentes sin nueva legislación.
El Federalist señala que la norma lograría esta prohibición efectiva de las ventas privadas de armas de fuego simplemente mediante la obligación de realización de verificaciones de antecedentes en todos los intercambios personales de armas de fuego. La persona encargada de este grave atentado contra la Segunda Enmienda es el Asesor Principal de Política, Eric Epstein. Los denunciantes aseguran que la norma está siendo redactada por el Asesor Principal de Política, Eric Epstein, quien trabajó como Asesor de la División de la Oficina de Campo de Phoenix durante la Operación Wide Received (un precursor de la Operación Rápida y Furiosa).
Este no es el primer ataque del régimen de Biden a los propietarios de armas de fuego en Estados Unidos. El año pasado, el ATF emitió una norma que prohibía millones de armas y amenazaba a los propietarios de armas de fuego con hasta una década de prisión por negarse a cumplir. También lanzó un plan para mejorar el registro ilegal de armas de fuego de la ATF, lo que generó una advertencia de la Asociación de Propietarios de Armas de Estados Unidos (GOA).
Incluso si los tribunales derogan esta norma en caso de que se promulgue, ¿qué impediría al régimen hacerla cumplir de todos modos? Esta es una grave preocupación que plantea un serio problema sobre el estado de la democracia y los derechos constitucionales en Estados Unidos.
