El nuevo gobierno laborista de Gran Bretaña ha anunciado que explorará cómo regular eficazmente los modelos de inteligencia artificial, pero no llegó a proponer leyes específicas.
El rey Carlos presentó la agenda legislativa del recién elegido primer ministro, Keir Starmer, en un discurso el miércoles para inaugurar la nueva sesión del parlamento. La agenda incluía más de 35 nuevos proyectos de ley que abarcaban desde vivienda hasta medidas de ciberseguridad.
El gobierno dijo que buscará establecer la legislación adecuada para imponer requisitos a aquellos que trabajan en el desarrollo de «los modelos de inteligencia artificial más poderosos».
El anterior primer ministro, Rishi Sunak, había intentado posicionar a Gran Bretaña como un líder mundial en seguridad de la IA, reuniendo a líderes mundiales y ejecutivos de empresas el pasado noviembre en una cumbre en Bletchley Park para discutir el tema.
También supervisó el lanzamiento del primer Instituto de Seguridad de IA del mundo, que se ha centrado en las capacidades de los modelos de IA de «frontera», como los que están detrás del exitoso chatbot ChatGPT de OpenAI.
«Los laboratorios de IA estarán respirando aliviados por la decisión del gobierno de no apresurarse con la regulación de los modelos de frontera», dijo Nathan Benaich, socio fundador del grupo de inversión enfocado en IA, Air Street Capital.
Bajo el liderazgo de Sunak, el gobierno evitó introducir una regulación específica para la IA, optando en su lugar por dividir la responsabilidad de supervisar la tecnología entre varios reguladores.
Starmer ha prometido introducir nuevas leyes sobre la IA, pero su gobierno está adoptando un enfoque cuidadoso para implementarlas.
«El enfoque cauteloso y basado en sectores del Reino Unido para la regulación de la IA sigue siendo una ventaja competitiva crucial frente a la UE, y cualquier cambio en este régimen debe hacerse con la máxima precaución», dijo Benaich.
Sin embargo, algunos expertos en IA dicen que el rápido despliegue de herramientas de IA en los últimos 18 meses hace que la necesidad de una nueva legislación sea más urgente.
Gaia Marcus, directora del Instituto Ada Lovelace, dijo que el gobierno debería presentar un proyecto de ley lo antes posible.
«Estos sistemas ya se están integrando en nuestra vida diaria, en nuestros servicios públicos y en nuestra economía, brindando beneficios y oportunidades, pero también planteando una serie de riesgos para las personas y la sociedad», afirmó.
